El precio al alza de los insumos es una clara amenaza para la rentabilidad de las explotaciones de carácter agrario, que no consiguen lograr unos incrementos visibles en las cuentas de resultados ni en los años de buena cosecha.
El sector agrario ha insistido en lo necesario que es aumentar la rentabilidad de las explotaciones, aunque la subida de los costes productivos y el mantenimiento de los precios, cuando no su bajada, hacen complicado en bastantes ocasiones, la tarea de cuadrar los números de muchas empresas familiares del campo.
Las alarmas se han encendido cuando se habla de los cuatro principales insumos: el gasóleo, la electricidad, los fertilizantes y el coste de la tierra.
Por ejemplo, en octubre en plena campaña de la siembra, la atención pasó a fijarse en el precio del gasóleo agrícola, que llegó a los 0,975 euros el litro, más próximo a su máximo histórico de 1,12 que alcanzó en 2012. El aumento acumulado del año pasó a situarse en el 42%.
En aquel momento, Asaja Castilla y Léon solicitó “medidas urgentes” al Gobierno para paliar la subida del precio. La Organización Profesional Agraria (Opa) ha reclamado políticas que permitieran paliar la falta de rentabilidad de las explotaciones en cuestión. El aumento del precio del gasóleo en un 42% ha supuesto que, para una explotación de unas 200 hectáreas de secano, los costes lleguen a ser de unos 8.300 euros de gasóleo y otros 21.600 de abono, lo que hace que sean más de 3.500 euros de diferencia respecto al año anterior.
Lo que ocurre es que, aunque el gasóleo B se encuentra bonificado por la devolución parcial del Impuesto especial de Hidrocarburos que se aprobó en 2010 (donde eran devueltos 78 euros por cada 1000 litros consumidos), este reembolso parcial se redujo en 15 euros con la modificación de la Ley de Impuestos Especiales, el cual entró en vigor en julio de 2017, limitando la devolución del impuesto a 63 € cada 1000 litros consumidos.
A fin de compensar la situación actual en la que se encuentran las subidas del gasóleo agrícola, Asaja solicitó de nuevo una reducción del IRPF en la factura del gasóleo del 35% y del 15% en los plásticos y fertilizantes, siendo unas medidas que se implantaron en los años en que subían más los precios de los carburantes y que fueron de gran efectividad para los consumidores.
De igual manera, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ha denunciado que los precios del gasóleo B se situaron “de repente” a los niveles más elevados de la historia. Las subida implicó según la organización que en octubre el llenar el depósito de un tractor (unos 300 litros), le costó a un agricultor lo que sería el equivalente a media tonelada más de cebada de lo que podía costar en el mes de julio.
Sumando al coste del gasóleo el de la electricidad, “la más cara de Europa”, según la Opa, “Por más esfuerzos e inversiones que hacemos los agricultores y ganaderos por ser energéticamente más eficientes, nos llevan a un parón de la actividad agraria”, aseguró.
La Unión de Uniones ha considerado que la fiscalidad del gasóleo para la utilización por parte de los profesionales agrícolas se tiene que revisar, aplicando un tipo cero del IEH y la rebaja del IVA al tipo reducido permitido por la normativa europea, sometiendo a las empresas distribuidoras de combustibles a una vigilancia activa que va contra las posibles prácticas anticompetitivas.
