Según estimaciones de Greenpeace basadas en datos del Ministerio de Medio Ambiente (ahora de Transición Ecológica), en España hay más de un millón de pozos ilegales abiertos. La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha detectado en la cuenca, en los últimos cuatro años, más de medio centenar de pozos no autorizados. En 2015 abrió 19 expedientes sancionadores; en 2016 y 2017, 15 respectivamente; y en 2018, a falta de las cifras oficiales, también se habría superado la decena.
En toda la cuenca del Ebro hay 29.931 pozos registrados. De estos, 9.786 están en Aragón; 6.086 en Zaragoza y tanto Huesca como Teruel albergan más de 1.800. No obstante, cada año, se detectan nuevas extracciones clandestinas. Fuentes de la CHE declararon al medio HERALDO que estos pozos «no representan un gran problema» para la cuenca como sí ocurre en otros puntos de España, y que la mayor parte de las personas «solicitan autorización previa» antes de abrir uno.
Según la normativa vigente, no acatar la ley, evitar el registro de aguas y provocar afecciones al dominio público hidráulico acarrean sanciones que van desde los 10.000 euros al millón. Además, según CHE, también pueden abrirse expedientes por extraer más agua de la concesionada resolviéndose, en su mayoría, como faltas leves o menos graves.
Por su parte, el responsable de la empresa aragonesa Perforaciones y Sondeos Maroto declaró a dicho medio que en torno a un 90% de los pozos abiertos en Asturias se ajustan a la normativa y que aunque hay gente que los abre por su cuenta, en cuanto confirman que hay agua, llaman a una empresa para legalizarlos.
En cuanto al estado en el que se encuentran dichos pozos, el teniente José Antonio Gila, jefe de la sección del Seprona en Zaragoza, afirmó que la mayor parte de los pozos ilegales detectados en los últimos años estaban «perfectamente tapados». «Suelen tener una reja en condiciones y su correspondiente tapa metálica. En caso de hallar uno que entrañase un riesgo inminente se procedería a precintarlo y a dar cuenta de inmediato a las autoridades competentes», aclaró.
