El 14 de febrero pasado, desde el Parlamento Europeo se aprobó el nuevo Reglamento de Disposiciones Comunes para el reparto de los futuros fondos europeos que reconoce, por primera vez, la despoblación, y los criterios que definen las áreas con desventajas y desafíos naturales o demográficos delimitadas por agrupación de unidades administrativas locales (LAU): el de las áreas escasamente pobladas, con una densidad de población inferior a 12,5 km2; y el de las muy escasamente pobladas, para las de menos de 8 hab/km2. Por eso, ahora el Gobierno de España debe aportar ventajas fiscales a las 10 áreas escasamente pobladas.
El reconocimiento que se ha producido es todo un hito a la hora de luchar contra la despoblación, que se alanzó merced a las alegaciones presentadas por el vicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Valcárcel, las cuales fueron respaldadas por unanimidad, tanto por lo eurodiputados populares como por los socialistas.
El Gobierno español ahora puede aplicar el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las 10 áreas escasamente pobladas o SESPAs. Lo que supondrá entre otras medidas será que, en estas áreas desfavorecidas van a beneficiarse de las ventajas que hasta este momento solo disfrutaban en Europa las insulares ultraperiféricas, caso de las Islas Canarias.
Este nuevo Reglamento, tiene como consecuencia que las áreas con baja densidad tienen que gozar de manera inmediata de las medidas que serían favorecedoras para la creación de empleo, aplicando a las empresas un IVA del 7%, así como de un impuesto de sociedades del 4%.
Igualmente afectaría a la sanidad, algo muy reclamado desde el mundo rural, por lo que su personal se beneficiaría de un aumento en los salarios y de descuentos fiscales de importancia en caso de que fijaran sus domicilios en dichos territorios. Las ventajas también repercutirían, de la misma forma, en el ámbito educativo.
Adquiere gran importancia señalar que dichos beneficios fiscales, que ayudarían a fijar a la población en las zonas rurales, no serían costosos para el Estado, pues en el caso canario, las medidas afectarían a una población de 2.127.685 habitantes que viven en 7.447 km2 y una densidad de 283 hab/km2. En el caso de las áreas despobladas de España, repercutiría en una población censada de 2.520.651 personas que habitan en 272.995 km2, lo que da una densidad media de 9,23 hab/km2.
Una nueva tipología de territorio
El acuerdo nº 2016 / 0393 de la Comisión Europea señalaba que se debía añadir a las tipologías territoriales de NUTs 2, o Regiones, y NUT 3, o provincias, otras nuevas que se encargasen de delimitar las zonas rurales y urbanas. El objetivo, que Eurostat pueda contar con una información fidedigna “para reducir las disparidades entre las regiones europeas y fomentar el crecimiento, el empleo y el desarrollo sostenible en las regiones y zonas desfavorecidas, en el marco de la política de cohesión y desarrollo territorial”.
Las zonas urbanas quedan definidas desde el año 2000 como “Áreas Urbanas Funcionales”, de forma que en ellas se incluyen las ciudades con más de 50.000 habitantes y las franjas periurbanas colindantes.
