El objetivo existente es el de elaborar el plan estratégico en el mercado de la PAC que contemple la reforma para tener acceso a 45.000 millones de fondos
Desde el Ministerio de Agricultura, las comunidades autónomas y todas las organizaciones agrarias y medioambientales comenzaron esta semana las negociaciones para elaborar un plan estratégico del sector que pueda marcar la política agraria a aplicar en la década próxima.
Este tipo de negociaciones se van a desarrollar siguiendo el calendario previsto todo el año para el análisis de las necesidades y plantear respuestas en el marco de la nueva reforma de la Política Agrícola Común (PAC), aunque la entrada en vigor puede que se retrase hasta el 2020 como mínimo.
La Comisión demanda a cada estado que se haga un plan estratégico, que en el caso español valdrá para que se ubiquen los más de 45.000 millones que va a percibir por un periodo de cuatro años como ayudas directas y para el desarrollo rural.
El departamento que dirige Luis Planas ha estimado que el que se hayan convocado elecciones generales no va a cambiar del desarrollo de las negociaciones sobre una serie de puntos básicos que serían consensuados en la conferencia sectorial entre los gobiernos autonómicos de socialistas y populares.
Los reglamentos actuales que han sido propuestos por la Comisión cara a la reforma de la PAC, han contemplado 9 objetivos en materias como la económica, rentabilidad de las explotaciones, ordenación de mercados, cadena alimentaria, medioambiental, cambio climático, desarrollo sostenible, de carácter social, o el relevo generacional o el despoblamiento rural.
Rentabilidad y despoblación rural
A la hora de elaborar este plan, las negociaciones comienzan en la búsqueda de salidas para hacer rentables las explotaciones agrarias y mejorar la seguridad alimentaria. Se analizarán también las causas que provocan el despoblamiento del medio rural y las medidas para poder atraer a los jóvenes para que se incorporen a la actividad de carácter agrario, facilitando el desarrollo empresarial en dichas zonas.
Las propuestas comunitarias y negociaciones para la nueva reforma han tenido como resultado que el gobierno aprobara el pasado noviembre la posición española a partir de un plan estratégico que se ha elaborado frente a las iniciativas de algunas comunidades de elaborar uno propio.
Esta es una posición en la que se ha contemplado lo necesario que es el mantenimiento del actual presupuesto y los niveles de cofinanciación, que elevan del 12% al 15% las ayudas asociadas a la producción e intervenciones sectoriales, manteniendo 25 del presupuesto para los jóvenes, elevando la ayuda a la instalación de 60.000 a 100.000 euros, limitando los pagos por petición a 100.000 euros y recortando los mismos a partir de los 60.000 euros.
Igualmente, también se ha propuesto definir al agricultor genuino como el destinatario de las ayudas, sin que se olvide a los de tiempo parcial, manteniendo los programas de ayudas en vino, apicultura o frutas, aumentando los fondos de gestión de riesgos, seguros agrarios y para la crisis, así como la mejora de la cadena de valor.
