Desde filas ecologistas se ha señalado que fueron soltadas sin permiso alguno. Las sociedades de pescadores que gestionan esos cotos y la Comunidad lo niegan, aunque existen documentos oficiales que dejan claro que no hubo autorización.
Un total de cuatro juzgados madrileño han investigado si hay alguna clase de delito contra la fauna después de que cuatro sociedades de pescadores soltasen en varios ríos madrileños miles de truchas arcoíris, una especie que se cataloga como invasora a partir de junio de 2016. La Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Madrid presentó denuncia el pasado diciembre contra los responsables de estas cuatro asociaciones. La justicia ha indagado si los peces, que fueron transportados en, como mínimo, 37 camiones, contaban con los permisos necesarios.
Una acción que ahora está en manos de los tribunales
La Comunidad de Madrid cuenta con una serie de cotos de pesca intensivos, que son unos tramos de ríos que el Gobierno regional se encarga de ceder a manos privadas. Las sociedades de pescadores compran peces en piscifactorías y los sueltan en tramos fluviales que ellas mismas gestionan. Una vez hecho esto, se venden permisos que dan derecho a la captura de un cupo de ejemplares. Las sueltas tienen que tener la autorización del Gobierno regional.
La denuncia realizada inicialmente, que fue formulada por cinco asociaciones ecologistas y que la Fiscalía convirtió en diligencia de investigación, señaló que estas sueltas no han tenido la autorización administrativa necesaria.
Ahora serán los juzgados los que van a tener que dirimir la responsabilidad del Área de Conservación de Flora y Fauna de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, que pudo haber conocido estas sueltas y no haberlas impedido. «La normativa es clara, y reitera la tutela de la Administración respecto al control y funcionamiento del coto de pesca, especialmente en lo que se refiere a la autorización y visado de las repoblaciones que se llevan a cabo. Las sueltas de peces en los ríos de la Comunidad de Madrid requieren de expresa autorización administrativa». Las que ahora se investigan tuvieron lugar en los ríos Manzanares, Lozoya, Cofio y Guadarrama en el primer semestre de 2016.
En aquellas fechas la trucha arcoíris no se consideraba especie invasora. No lo fue hasta que en marzo de2016 se produjo una sentencia del Tribunal Supremo que corrigió el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras que fue redactado en 2013 y que no incluía inicialmente dicho pez.
El caso es que el Alto Tribunal modificó el catálogo y obligó al ordenamiento español a la calificación de esta trucha como invasora. La sentencia se publicó en junio de 2016 y desde ese momento no se puede soltar en los ríos españoles.
El problema reside en quien autorizó dichas sueltas. En el acta del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, fechada el 14 de julio de 2017, se asegura que solo existe la constancia de dos sueltas en el primer semestre de 2016. En una respuesta oficial a los ecologistas, la consejería señaló que «en el año 2016 la Comunidad de Madrid no ha realizado ninguna repoblación piscícola de ninguna especie en ningún tramo fluvial, ni ha autorizado a las sociedades locales de pescadores que gestionan cotos de pesca consorciados la realización de ningún tipo de suelta».
Veremos como acaba este controvertido asunto en los próximos meses.
