La consejera de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo ha declarado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que la consejería de la que es titular revisará las órdenes de los planes de desarrollo rural de Andalucía aprobadas por el anterior gobierno socialista de la Junta, para acelerar su ejecución y evitar que «ningún euro de los fondos europeos se quede sin ejecutar».
Crespo también ha notificado que se ha aprobado la elaboración de un Plan Estratégico de Competitividad del sector agrario, pesquero, ganadero y medioambiental, que negociará con las organizaciones agrarias y cooperativas, dándose, por primera vez, participación a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).
El 27 de febrero, se pondrá en marcha la primera mesa para evaluar las órdenes que regulan los planes de desarrollo rural en Andalucía, ya que, según la consejera, son «muy farragosas» y es necesario simplificarlas para que lleguen «al desarrollo rural». Esta mesa abordará las trabas burocráticas y revisará las órdenes del anterior gobierno que regulan las ayudas al relevo generacional, dotadas con noventa millones de euros, puesto que «muchas no han llegado» y «se va a intentar mejorar esa orden», ha explicado la consejera.
Asimismo, ha asegurado que este plan estratégico no es «incompatible» con la Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía, que decayó en el Parlamento andaluz a raíz de la convocatoria electoral, y que contó con un respaldo mayoritario de los grupos; y también que no son «sectarios» con las normativas elaboradas por el anterior ejecutivo del PSOE, aunque ha precisado que se presentaron contra dicha ley numerosas alegaciones por parte de organizaciones agrarias, empresariales y cooperativas, y quieren proceder a su estudio.
Según la consejera, otros de los objetivos del Plan Estratégico de Competitividad del sector agrario, pesquero, ganadero y medioambiental serán la innovación tecnológica, la lucha contra el despoblamiento en el medio rural, la promoción de una imagen saludable de los productos agroalimentarios en el exterior, la posibilidad de ampliar los seguros agrarios, la adaptación de las infraestructuras rurales y el agua, «elemento vital para la competitividad del sector y para hacerlo cada vez más sostenible».
Además, también se estudiará la Ley de la Cadena Agroalimentaria para analizar la competencia y el equilibrio entre los distintos eslabones para combatir los bajos precios en algunos productos.
