La Ley de Caza de la Comunidad Valenciana señala como «imprescindible» la existencia de un Plan Técnico de Ordenación Cinegética para el desarrollo de la actividad, considerando una «infracción administrativa muy grave» la extensión de permisos sin tener el PTOC aprobado.
Sin embargo, la Confederació General del Treball del País Valencià denunció en Fiscalía que la Administración lleva dos años permitiendo cazar sin cumplir con ese trámite lo que implica, por lo tanto, que hay un total de 157 autorizaciones en cotos de territorio de Valencia que tienen aprobados sus planes técnicos de ordenación cinegética por «silencio administrativo».
Los sindicatos afirman que la Conselleria de Agricultura Medi Ambient, Canvi Climátic i Desenvolupament Rural ha permitido cazar en determinados enclaves amparándose en el silencio administrativo, sin emitir una autorización expresa. Algo que ya no permite la actual Ley de Procedimiento Administrativo, pues cuando se vea afectado el medio ambiente, la Administración ha de responder en el plazo de seis meses o la petición se considera desestimada.
Para CGT-PV, los efectos perjudiciales para el medio ambiente de la gestión cinegética por silencio administrativo «se traducen en la caza de especies no cinegéticas por motivos injustificados», como los «vedats» donde se autoriza la caza del gorrión común o de la gallineta común por silencio administrativo «por daños a la agricultura sin aportar ningún censo, ni justificar qué clase de daños provocan al único cultivo de importancia de Bétera, que es el naranjo, al cual no afectan estas especies». Asimismo denuncian que otro de los efectos perjudiciales es «el de declarar zonas de reserva aquellas zonas urbanas donde no existe fauna, de manera que acaba ejerciéndose sobre la fauna cinegética una presión excesiva».
Al margen de la intervención de la Fiscalía (atendiendo a la denuncia contencioso-administrativa de CGT), Abogacía de la Generalitat ha emitido hasta dos informes desestimando la aprobación de los PTOC por silencio administrativo.
Sin embargo, un informe de la delegación territorial de Medi Ambient argumenta que esos PTOC sí deben considerarse aprobados por silencio administrativo, «al entender que ni la actividad cinegética, ni el contenido de esos planes por sí mismos, puedan afectar negativamente al medio ambiente». «Más bien al contrario, la existencia de espacios o terrenos no ordenados ni gestionados puede contribuir a la aparición o agravación de problemas o situaciones que sí podrían repercutir negativamente en el entorno (plagas, daños en cultivos, atropellos, enfermedades…)».
Ante esta compleja situación, la Consellería ha barajado, entre otras opciones, el posible cierre temporal de estos 157 cotos, algunos de ellos en espacios protegidos (70) y parques naturales (6), mientras se encuentra una solución al conflicto.
Reacción de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana
La Federación de Caza de la Comunidad Valenciana ha informado que su presidente, Raúl Esteban, se citó con el subdirector de la Dirección General de Medio Ambiente, Josep Nebot, para manifestar su desacuerdo ante la posible decisión administrativa de cerrar los acotados, recordando que tanto los clubes como las sociedades afectadas presentaron en tiempo y forma los planes técnicos correspondientes.
Asimismo, Esteban aseguró que existe un informe solvente, exhaustivo y excelentemente fundado en Derecho de la propia Dirección Territorial de Valencia que avala el silencio administrativo positivo y recordó que la propia Federación ha ofrecido soluciones jurídicas a la legalidad para dotar de mayor seguridad jurídica a la aprobación de los planes técnicos.
Además, recuerda que la medida del cierre supondría, «al margen de la responsabilidad patrimonial administrativa, un desastre ecológico de proporciones incalculables, atendiendo a las superpoblaciones actuales de caza mayor y conejo que incrementaría aún más los accidentes de tráfico, la posibilidad de zoonosis y epizootias como la fiebre porcina africana, los daños a la agricultura, ganadería y a las instalaciones públicas, la endogamia genética y la destrucción de hábitats y especies protegidas».
«La reunión ha tenido un talante dialogante y vemos predisposición para buscar una solución, pero nosotros no somos los causantes, somos las víctimas de un problema que no hemos creado», declaró Esteban y aseguró que la Federación no descarta emprender acciones legales y movilizaciones si finalmente se opta por la suspensión.
