Las quejas entre los profesionales agrarios son continuas desde la entrada en vigor durante el año pasado del Real Decreto 920/2017, que implicó entre otras novedades la implantación de la llamada Certificación ENAC con la consiguiente obligatoriedad de realizar auditorías, además del nivel de complejidad y el volumen de exigencias al que tienen que hacer frente los agricultores, cuyos vehículos tienen que pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Esto ha hecho que los profesionales agrarios se vean obligados a invertir mucho más tiempo en la realización de este tipo de revisiones a su maquinaria de trabajo, la cual se ha disparado. Igualmente, ha aumentado de manera desmesurada el número de inspecciones desfavorables.
De esta forma crece el malestar en el sector agrario que además se ve acrecentado ante el hecho de que la directiva comunitaria sobre esta materia exime de la realización de inspecciones a todos vehículos que no superen una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora, es decir, o sea a gran parte de los tractores. La consecuencia es que en el resto de países europeos, con la única excepción de España, los vehículos agrarios cuya velocidad sea inferior a la ya citada no tienen la obligación de someterse a inspecciones.
Desde el año 1989 se pasan en España las ITV agrarias, pero no fue hasta el año pasado cuando surgieron los problemas denunciados por los agricultores. En la reunión celebrada el 30 de enero entre la Secretaría Autonómica d´Economia y Sector Productius, Blanca Marín, y responsables de AVA-ASAJA se expusieron y reclamaron cambios para aliviar esta situación.
En este sentido, el presidente de la organización agraria, Cristóbal Aguado, destacó como «muy positivos» los resultados del encuentro, porque la Generalitat «ha entendido la situación y se ha mostrado dispuesta a ayudarnos. No estamos pidiendo que se supriman las ITV para los vehículos agrarios, sino que se introduzcan cambios para mejorar la gestión y adecuarla a la realidad del sector. Hace falta una mayor flexibilidad, porque no se pueden aplicar los mismos criterios de inspección a un coche utilitario que a un tractor por mucho que ambos circulen por la vía pública».
Tras la reunión mantenida se acordó profundizar estos contactos a fin de que la Generalitat recoja y traslade las reivindicaciones del sector al Ministerio de Industria, ya que el Gobierno central es el que tiene competencias en esta materia.
