Desde el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas hay un pacto para la defensa de la eliminación de los “derechos históricos” en la reforma de la Política Agraria Común, los cuales superan los 4.000 millones anuales y donde no se tiene en cuenta la producción, primando las ayudas a los agricultores que verdaderamente viven del campo.
En España parece que se quiere terminar con este tipo de subvenciones millonarias que todos los años reciben los propietarios que llevan más de década y media participando en el reparto de más de 4.000 millones de euros al año sin que se vea que sus tierras sean productivas. Podríamos decir que viven prácticamente de las rentas, pues se garantizan el cobro con solo hacer algunas pequeñas labores en sus tierras.
¿Cuántos “agricultores de sofá” existen?
La cifra es complicada de determinar, aunque la estadística nos puede dejar algunas pistas. Un total de 783.604 propietarios de tierra recibieron ayudas de la PAC en 2017, año en el que, según la EPA (Encuesta de Población Activa) del INE (Instituto Nacional de Estadística), revelaba que trabajaban 297.300 agricultores como autónomos y/o empleadores. Por lo tanto, menos de la mitad, dos de cada cinco, aunque a este dato le deberíamos sumar el de las empresas agrarias.
Los últimos van reduciéndose a un ritmo mayor de 7.000 al año, en un proceso que demuestra la cada vez mayor industrialización del sector agrario y del acaparamiento de tierra, que en algunos lugares de nuestro país llega a niveles parecidos a los de Colombia, Brasil o Sudáfrica, aunque a menudo son arriendos.
Las subvenciones que realiza la PAC en España, están distribuidas mediante un sistema de reparto complejo con una serie de bloques que fueron del orden de 5.438 millones de euros en 2017, a 5.498 millones en 2016 y a 5.584 millones en 2015, lo que deja claro que más del 70% de esos fondos se reparten con base en los Derechos Históricos.
“Las ayudas deben ir a quien trabaja la tierra”
Está claro que la eliminación de este tipo de derechos será de gran ayuda cara a facilitar que entren más jóvenes agricultores al sector. Hay sectores que hablan ya de que se establezcan límites en los pagos y de que cobre protagonismo la rentabilidad del trabajo agrario.
El modelo actual de pagos existente según derechos históricos es una discriminación que no encuentra justificación para todas aquellas personas que entren en la actividad agraria o aumenten su población.
En el momento en que se estableció aquel sistema, José Luis Miguel, director técnico de la organización agraria COAG, reflexiona: “se trataba de compensar la diferencia de los precios en función de la producción”.
Donde muestra más cautela es en la solución sobre si los Derechos Históricos son eliminados. Aquí deja claro que “Apoyamos que el reparto de los fondos esté vinculado al cultivo de la tierra –explica-. Quien tiene que recibir las ayudas es quien trabaja el campo, pero en función de cómo se haga puede haber tanto pequeños agricultores como terratenientes que salgan beneficiados o perjudicados, según el caso, ante la enorme diversidad de cultivos y de zonas (hay oficialmente 50) que tenemos en España”.
