El Gobierno se ha comprometido a reformar este mismo año la Ley sobre la cadena alimentaria y que en el borrador de estudio se incluya el debate sobre la práctica de la venta a pérdidas (por debajo de los costes de producción), una de las principales reclamaciones del sector agroalimentario.
Lo ha avanzado este lunes el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, tras mantener el primer encuentro de la mesa de diálogo agrario con las organizaciones Asaja, COAG y UPA, creada tras las manifestaciones protagonizadas por el sector la semana pasada y que continuarán en los próximos días.
Junto a ese compromiso de modificar la actual Ley de la cadena, Planas ha presentado un paquete de propuestas que incluye revisar la Ley de organizaciones interprofesionales o intentar aumentar la dotación para los seguros agrarios en los próximos presupuestos generales del Estado.
El borrador del anteproyecto de ley para la mejora de la cadena alimentaria se someterá a exposición pública en las “próximas semanas”, según el ministro, quien confía en que pueda llegar al Congreso en los próximos once meses.
El objetivo de esta modificación será adaptar la normativa a la directiva comunitaria y darle un “papel más significativo” a “cada uno” de los eslabones de la cadena.
Según ha apuntado, incluirá “todas” las figuras relativas a las prácticas de competencia desleal registradas en la norma comunitaria.
Observatorio de Precios
Por otro lado, pretende reunir la semana próxima el Observatorio de Precios de la cadena para determinar qué sectores son los que se encuentran en una peor situación (entre ellos el hortofrutícola y el del aceite de oliva; de hecho, se reúne este jueves la mesa del aceite y la próxima semana la del sector hortofrutícola)
En cuanto a la modificación de la Ley de las organizaciones interprofesionales, Planas ve necesario un cambio para “mejorar la estructura vertical y horizontal” del sector.
Por otra parte, se ha referido a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para defender que es un compromiso “político y social del Gobierno”, pero ha mostrado la voluntad de estudiar si esa medida puede generar algún impacto en la rentabilidad de las explotaciones para “arbitrar”, en su caso, las medidas que fueran pertinentes.
Conseguir un buen reparto de fondos y un plan estratégico nacional para la futura Política Agraria Común (PAC) y ampliar los mercados de destino son otros ejes que el ministro ve esenciales para ayudar al sector.
Voluntad de diálogo “firme y decidida”
La voluntad de diálogo y trabajo del Gobierno es “firme y decidida” para atajar la crisis actual en el primario, ha afirmado.
Para que “todo esto salga hacia adelante” hará falta que el sector empresarial, la distribución y los consumidores “sean capaces de reconocer” la contribución que el campo hace a la sociedad.
ASAJA y COAG seguirán con las protestas
Tras el encuentro, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha mostrado su disposición a seguir trabajando con el ministro, pero ha apuntado que mantendrán las protestas porque lo ve “justo y legítimo”, ya que las medidas “no se adoptan de un día para otro”.
Barato ha insistido en que la subida del SMI es la “puntilla” al sector agrario, que “tantos problemas tiene”.
El secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha coincidido en seguir con las protestas para que se “dé una respuesta concreta” y “lo más inmediata” posible a la crisis.
Blanco ha valorado el paquete de acciones y se darán un “margen” para poder evaluar su ejecución y sus efectos.
Desde UPA, su secretario general, Lorenzo Ramos, cree que el “mensaje” lanzado por los agricultores en la calle “ha llegado” al Ministerio: por “primera vez, vemos que se reconoce que tenemos razón en lo que denunciamos”.
Entre las propuestas de Planas, ha valorado el compromiso de modificar la Ley de la cadena alimentaria, que espera que se ejecute “cuanto antes”.
