Se quejan de los trámites complejos a la hora de hacerse titulares del negocio. Los datos muestran que desde que se aprobó la ley, solo 18 mujeres lo consiguieron.
La medida nació para reconocer el papel de las mujeres en el mundo rural, un cometido que asumieron como cuidadoras del hogar, casa, animales y del campo, sin que hubiera ninguna clase de retribución a cambio.
La Ley de titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias pretendía que estas trabajadoras se dieran de alta en la Seguridad Social, cotizaran, tuvieran derecho a una pensión y fueran titulares de las ayudas y subvenciones que recibe una explotación, además de los rendimientos que pudiera producir. El objetivo principal que se buscaba era la igualdad entre hombres y mujeres en el campo.
Existe poca coordinación entre administraciones
Aunque la teoría y su exposición era clara, a la hora de la verdad la práctica no funciona como estaba previsto. La Federación de Asociacións de Mulleres Rurais (Fademur) en Galicia ha denunciado la falta de coordinación actual a la hora de clarificar los trámites y lo complicado del procedimiento a la hora de solicitar la Titularidad Compartida, algo a lo que acompaña el desinterés y la falta de respaldo por parte de la Xunta.
La ley pasó casi desapercibida desde la aprobación de 2011. En el año 2017 solo 17 personas habían reclamado el título desde el comienzo de la propuesta. Los datos del Estado no eran demasiado esperanzadores: tan solo 290 titularidades, 120 de ellas en Castilla y León y 97 en Castilla-La Mancha. Un año después, eran 447 explotaciones en España. «Extensión Agraria no recomienda la tramitación del título por lo complicado que es hacerlo, si ellos mismos no recomiendan la normativa, esta no puede funcionar correctamente», explican desde Fademur, y animan a «simplificar los trámites».
Queda todavía bastante por andar para que se derribe esa barrera existente para las mujeres que se dedican a la agroganadería. La Cunta, que ha sido la encargada del desarrollo de la ley estatal, «debería dotarla de medios humanos y económicos» y beneficiar a las explotaciones de titularidad compartida con «puntos extra», como forma de «aliciente», aclaran, y afirman que «es un marco normativo bueno, pero necesita unos reajustes».
La vulnerabilidad
El compromiso de que se mantenga la ley recae en la administración, pero actualmente, tal y como se desarrolla el procedimiento de la norma, «se encuentra sin apuesta política ni respaldo por parte de las autoridades».
La escasa repercusión de la ley y falta de apoyo no es la única traba para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres en el rural, según Fademur. En ocasiones la mujer que trabaja en una explotación no tiene ingresos a su nombre, posicionándola en una vulnerabilidad económica total.
La importancia que tiene esta ley frente al resto de opciones como la formación de una sociedad civil es precisamente la titularidad. «Si una pareja se divorcia, por ejemplo, la mujer que no es cotitular pierde todo el trabajo que ha invertido en la explotación agraria». Con la titularidad compartida, pasa a repartirse al 50% el rendimiento del trabajo y los derechos de producción.
Para dicho colectivo, la situación no es sencilla, pero con una reforma política y el cumplimiento de las peticiones, esto puede que cambie en los próximos ejercicios.
