El sistema forzará a la Comisión Europea a la introducción de obligaciones de seguimiento e información cada cinco años, ayudando a eliminar los descartes y reduciendo las capturas no deseadas, aplicando la obligación de desembarque.
El mecanismo encargado de promover la pesca a niveles biológicos sostenibles incluye los caladeros que van desde el Golfo de Cádiz hasta el oeste de Escocia (Gran Sol), además de las aguas que rodean Madeira y las Canarias. Desde el Consejo de la Unión Europea, el cual representa a los Estados miembros, ha aprobado un acuerdo para la creación de un nuevo plan plurianual de pesca en las aguas del Atlántico occidental que afecta a España y a otros países.
Por parte del pleno del Parlamento Europeo, se dio ya la aprobación a la iniciativa en el mes de febrero y únicamente quedaba el pronunciamiento del Consejo de Ministros de la UE.
El ministro rumano de Agricultura, Petre Daea, cuyo país preside el Consejo este semestre ha querido dejar claro que «Los planes de gestión plurianual son cruciales para la implantación de la Política Pesquera Común (PPC). Hoy, tras el mar Báltico y el del Norte, las aguas occidentales se suman con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de nuestros recursos marinos y del sector pesquero».
Un acuerdo que afecta a muchos países de la UE
Este acuerdo afecta a las flotas de Bélgica, Irlanda, España, Alemania, Francia, Reino Unido y Portugal en las aguas pertenecientes al Atlántico y a las especies demersales, las que viven próximas al fondo y de profundidad.
El pacto básicamente vale para simplificar la gestión de las pesquerías en un marco regulatorio principal y deroga los planes actuales para el lenguado en el canal occidental y el Golfo de Vizcaya, la merluza del norte, del sur y las cigalas ibéricas.
Igualmente propone que haya una flexibilidad para las especies de demersales de mayor importancia en el plano comercial, caso de la merluza del norte y del sur, el eglefino, bacalao o el merlán en el mar Céltico, así como el lenguado en el Golfo de Vizcaya.
Debemos añadir que se obligará a la Comisión Europea a la introducción de obligaciones de seguimiento e información cada cinco años, ayudando a eliminar los descartes y reduciendo las capturas no deseadas, para aplicar la obligación de desembarque.
Este plan también va a permitir a los Estados miembros de la región a presentar recomendaciones conjuntas para todas estas aguas.
Los países han aprobado de manera formal las medidas después de que en el mes de noviembre fueran respaldadas por la Comisión Europea (CE), junto al Parlamento Europeo y el Consejo- y el propio Consejo confirmará ese pacto en diciembre.
Estas nuevas normas van a entrar en vigor un día después de que se publiquen en el Boletín Oficial de la UE y van a ser de gran importancia para un sector bastante sensible a las medidas que vienen de Bruselas, ya que afectan en gran manera a su funcionamiento.
