Una mala gestión en la depuración de aguas, en residuos sólidos y en protección de especies y espacios naturales han causado los expedientes abiertos en Bruselas.
La Comisión Europea ha elevado al Tribunal Europeo de Justicia la gestión de aguas residuales en Valle Güimar y Valle de Guerra (Tenerife), obligando al Gobierno regional a pagar una primera parte de la sanción impuesta al Estado.
Unos diez vertederos del Archipiélago no tienen redactado todavía su plan de gestión de los residuos, incumpliendo la normativa a nivel comunitario.
El Estado trasladará a Canarias parte de la multa que ha impuesto Bruselas: 900.000 euros que tendrá que pagar la Comunidad Autónoma y el Consejo Insular de Aguas de Tenerife.
La caza del resín canario, un pájaro cantor o el desarrollo del complejo de carácter turístico de Origo Mare en Majanicho (Fuerteventura) también infringen las directivas europeas.
Malos datos para nuestro país
España lleva tres años siendo el país de la Unión Europea que acumula un mayor número de expedientes acumulados por actuaciones a nivel medioambiental que incumplen las normas comunitarias.
El pasado año 2018 se cerró con 32 expedientes abiertos. Pese a que el Estado es el mayor responsable a ojos de la Comisión Europea (por todo ello, la administración encargada de hacer frente a las sanciones), existen casos donde la comunidad autónoma o el ayuntamiento es que tiene en su mano solucionar el problema al contar con competencias directas en algunos asuntos.
Si vamos a la gestión de residuos o depuración de aguas, Canarias no se ajuste a los plazos que ha dado la UE para la adecuación a la normativa.
Más concretamente, Bruselas ha abierto expedientes a nuestro país por la gestión de las aguas residuales urbanas en el Valle de Güimar y Valle de Guerra (Tenerife), considerando que en esos puntos se incumple la directiva 91/271.
Al no ejecutarse los compromisos adquiridos como miembro de la UE en los plazos previstos, la Comisión remitió el caso al Tribunal Europeo de Estrasburgo, el cual condenó en julio de 2018 a España al pago de una multa de 12 millones de euros, además de otros 11 por cada seis meses que continúe el incumplimiento.
