Esta semana, la Junta de Extremadura ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia una demanda contra la decisión que adoptó en su día el Ministerio de Agricultura de limitar la ampliación de las hectáreas de viñedo destinadas al cava bajo el argumento «de que un aumento de la producción podría perjudicar» al sector, algo que parece contradecir un informe realizado por la Universidad de Extremadura (UEx), adjuntado por la Junta como prueba pericial.
Según este, presentado hoy por sus seis autores y la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, para dar una respuesta correcta a la demanda internacional, la superficie de cava con Denominación de Origen (DO) debería incrementarse a nivel nacional un promedio de 11.900 hectáreas en doce años. Este incremento en la superficie conjunta de los territorios con DO implicaría alcanzar una superficie total de 45.000 hectáreas, es decir, un aumento promedio anual de unas 915 hectáreas aproximadamente, lo que representaría un crecimiento del 2,4 por ciento de tasa anual media.
Los autores afirman que este aumento de superficie de cava con Denominación de Origen (DO) no afectaría ni a la calidad ni a los precios del producto, algo que ha resultado patente en el caso de la DOP Proseco, que solicitó una ampliación de la superficie de 7.541 hectáreas para hacer frente al aumento imparable de la demanda de vinos espumosos a nivel internacional sin que ello haya supuesto una devaluación del producto.
La recomendación de no crecimiento realizada por la DO Cava «contrasta con los incrementos constantes de superficie de otros competidores internacionales», por lo que si se llevara a cabo, los productores españoles quedarían en desventaja frente a aquellos, algo a lo que se niega en rotundo la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
«No hay riesgo de devaluación porque Extremadura plante más hectáreas de viñedo para cava, creemos que el mercado está en expansión y que el cava extremeño puede seguir creciendo porque tiene calidad y es competitivo en precio», declaró Begoña García, quien considera que este informe revela la situación real del mercado nacional e internacional, así como la «incongruencia de reducir las plantaciones de viñedos en lugar de mejorar la promoción, el marketing y la calidad del cava».
La normativa de la UE permite a los Estados miembros limitar las superficies de cultivo siempre y cuando adopten esa decisión para evitar «un riesgo bien demostrado de devaluación». La responsable de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio ha remarcado que, en vista de los resultados del informe, ese riesgo no existe, por lo que ha asegurado a los agricultores de Tierra de Barros y a los profesionales de este sector que el Ejecutivo autonómico va a luchar hasta conseguir una resolución satisfactoria.
«Tenemos tierra, agua, viñas y sabemos hacer un cava de primera calidad, por lo que queremos competir en todos los mercados y no vamos a permitir que nadie nos ate las piernas en esta carrera», ha dicho la consejera, quien remarcó que, desde 2001, el cava extremeño ha crecido a un ritmo medio del 9 por ciento anual, una cifra «impresionante, a pesar de una dura crisis económica de por medio».
