Hoy, la Institución de Poniente para la Conservación y el Estudio del Entorno Natural (IPCENA-EdC) ha informado en un comunicado que hace ocho meses, con el apoyo de la plataforma Paremos la Incineradora de Juneda, presentó una denuncia en la Oficina Antifraude de Cataluña, al suponer que en la concesión de subvenciones a ganaderos de Lleida afectados por el cierre de plantas de tratamiento de purines en la época en la que estaba al frente de la Consejería de Agricultura Josep Maria Pelegrí (Unió), «se hubiera podido producir algún delito por otorgamiento fraudulento».
Ramaders de les Garrigues 2000 SL, Agrupacio Ramaders de les Garrigues 1998, SL y Associació Gestió Agroramadera de Ponent recibieron 1.468.850,3 euros de los 3.188.470,61 euros que el Ministerio de Agricultura otorgó a Cataluña para los ganaderos afectados por el cierre de las plantas de purines; es decir, el 47 por ciento del total. Una circunstancia sospechosa si se considera, según IPCENA-EdC, que estas tres sociedades leridanas «tenían y tienen personas comunes en sus órganos de dirección».
Las razones de la denuncia presentada a la Oficina de Antifraude de Cataluña son, según la entidad, iniciar una investigación para determinar si tanto Pelegrí como sus cargos de confianza cometieron algún presunto delito en la concesión de las subvenciones y si las presuntas irregularidades o delitos cometidos impidieron que las citadas ayudas se aplicaran con el criterio de proporcionalidad.
