Ayuntamientos de las comarcas frutícolas de Lleida debatirán en los plenos municipales una moción para pedir a la Administración General del Estado que regule un sistema normativo adecuado para posibilitar la contratación de temporeros que se encuentren en situación irregular en el país.
El subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín, ha avanzado este viernes que la propuesta «no es viable» en el encuentro que ha mantenido con alcaldes, miembros del Consell Comarcal del Segrià, la Plataforma para la Defensa de la Fruta Dulce, representantes de los sindicatos Unió de Pagesos, Asaja, Jarc y Afrucat, ha informado la Subdelegación del Gobierno en un comunicado.
En el transcurso de la reunión, los asistentes han entregado al subdelegado el Manifiesto en Defensa de los Territorios Productores de Fruta Dulce y la propuesta de moción que los ayuntamientos del Baix Segrià y Segrià debatirán en los plenos municipales.
En cuanto el manifiesto sobre fruta dulce, el subdelegado del Gobierno en Lleida ha asegurado que «la solución corresponde a todas las administraciones, cada una en su ámbito competencial».
En este sentido, Crespín ha señalado que sobre las medidas que plantean que son competencia del Estado, como la reducción de los módulos agrarios o la posibilidad de una reducción en las cuotas de la Seguridad Social, las trasladará en enero en una reunión que mantendrá con responsables del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
