El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha tomado en consideración, en una reunión celebrada esta mañana, el anteproyecto del Estatuto de las Mujeres Rurales, que, con rango de Ley, será trasladado al Consejo Consultivo para que realice el informe preceptivo y que, posteriormente, pueda ser llevado a las Cortes regionales en esta legislatura para su aprobación. Una normativa que responde al compromiso del Ejecutivo que preside Emiliano García-Page de dar visibilidad a las mujeres en el medio rural y acabar con la «doble discriminación» que sufren actualmente frente a las que viven en las zonas urbanas.
Así lo ha trasladado a los medios de comunicación el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, durante la rueda de prensa posterior a la reunión, donde ha desgranado los asuntos que se han tratado durante la misma.
Según ha explicado Martínez Arroyo, con el Estatuto de las Mujeres Rurales se pretende priorizar «por Ley» a todas las mujeres que viven en el medio rural, en todas las líneas de ayudas públicas que tengan que ver con la agricultura, la ganadería, la industria agroalimentaria o el desarrollo rural y «cubrir el déficit» que la sociedad tiene con ellas, puesto que se ven más afectadas por el acceso al mercado laboral o la falta de infraestructuras.
Un objetivo que, ha remarcado, se ha perseguido durante toda la legislatura con líneas concretas como la del fomento de la calidad, FOCAL, donde las industrias con más creación de empleo femenino reciben más ayudas. Asimismo se ha priorizado al colectivo femenino en el caso de la convocatoria de incorporación de jóvenes, donde se conceden 10 puntos a los proyectos presentados por mujeres (20 es el mínimo para incorporarse al sector agrario), logrando que ninguna mujer que quiera dedicarse a la agricultura o a la ganadería se quede fuera.
En relación con este punto, Martínez Arroyo ha recordado que de los 1.218 jóvenes incorporados al campo en la primera de las convocatorias de jóvenes de esta legislatura, 306 son mujeres, mientras que en la convocatoria de 2012 fueron solo 75, y en la de 2014, 170. En la nueva convocatoria de 2018, que se resolverá en abril, de las 1.650 solicitudes presentadas, 529 (32 por ciento) son de mujeres, el «porcentaje más alto conseguido hasta el momento», gracias a la prioridad que da el Ejecutivo en líneas como esta.
Paridad en los órganos de dirección
El Estatuto de las Mujeres Rurales también contempla que, en un periodo de cuatro años desde el momento en el que se apruebe la normativa, será obligatorio que todas las organizaciones agrarias, cooperativas, organizaciones empresariales o sindicales que accedan a las ayudas públicas garanticen «que al menos el 40 por ciento de sus órganos de dirección sean mujeres».
Además, aquellas empresas particulares y cooperativas que tengan en marcha un plan de igualdad, o en las que más del 50 por ciento de los miembros de los consejos de dirección o los consejos rectores sean mujeres, tendrán prioridad en las ayudas.
Asimismo, se fomentará la afiliación de las mujeres agricultoras y ganaderas a la Seguridad Social, a través de ayudas y subvenciones en el abono de las cuotas en el régimen que corresponda.
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural también ha explicado que este Estatuto contará con una normativa adicional, la Ley para el Desarrollo Rural Territorial de Castilla-La Mancha, de la que se tendrá listo un borrador antes de finalizar esta legislatura y que garantizará los derechos a todos los habitantes del medio rural. De este modo se pretende compensar que en la pasada legislatura no se favoreciera a las personas que viven en los pueblos, en una Comunidad Autónoma donde el 90 por ciento de territorio es rural, y durante la cual se cerraron centros educativos y se recortaron servicios tan relevantes como los sanitarios, con el cierre de las urgencias o la supresión del transporte escolar, que obligaron a muchas mujeres a asumir más tareas.
