El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha explicado en rueda de prensa que, durante la reunión del Consejo de Gobierno celebrada hoy en Toledo, se ha dado luz verde al proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, una compleja regulación cuyos objetivos principales son mantener las garantías ambientales y generar actividad económica.
Esta normativa establece la regulación de la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, garantizando en todo el territorio castellano-manchego un elevado nivel de protección ambiental, con el fin de promover un desarrollo sostenible.
Martínez Arroyo ha destacado que, entre las cuestiones más relevantes de la nueva ley, se encuentra la eliminación de la obligación de evaluación ambiental para pequeños proyectos de inversión; una circunstancia que incidirá especialmente en las pequeñas explotaciones y en las iniciativas de autoconsumo, a las que a partir de ahora «se quitará carga administrativa».
La nueva normativa también establece una mayor interacción con los órganos sustantivos, fundamentalmente con Ayuntamientos. En concreto, el Gobierno regional ofrecerá su colaboración a las corporaciones locales para resolver las dificultades administrativas que generan los proyectos sometidos a evaluación ambiental y que «colapsan su funcionamiento e impiden que los emprendedores realicen sus proyectos». Para solicitar este tipo de ayuda, el Ayuntamiento que la necesite solo tendrá que ponerse en contacto con el Gobierno regional.
Otra novedad, cuyo objetivo es agilizar los trámites, consiste en el archivo inmediato de los proyectos con impacto ambiental negativo, para no hacer «perder el tiempo» tanto a los inversores privados como a la Administración Pública. Esto no implica que la empresa no pueda reiniciarlo, pero sí que lo haga en un plazo inferior para que muchas de estas iniciativas «no se dilaten en el tiempo».
El objetivo de la Junta de Castilla-La Mancha es que la Ley de Evaluación Ambiental se apruebe antes del fin de la legislatura con el respaldo de todos los grupos parlamentarios. Martínez Arroyo ha expresado este deseo en la medida en que su texto ha sido fruto de «mucho diálogo» tanto con las organizaciones ecologistas como con las empresariales.
