El pleno de la Junta General del Principado de Asturias aprobó por unanimidad la nueva Ley de Calidad Alimentaria y Calidad Diferencia. La consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez, manifestó que contribuirá al “desarrollo y consolidación del sector agroalimentario en Asturias, dotándolo de un marco legal que aúna toda la normativa regional, nacional y europea, que responde a las demandas de profesionales, empresas y consumidores y que regula toda la cadena”.
El segundo lugar en la producción industrial del Principado lo ocupa el sector agroalimentario, integrado por más de 700 empresas que aportan cada año 2.000 millones a la economía regional, un 20% del Producto Interior Bruto (PIB) autonómico. María Jesús Álvarez destacó que “presenta una tendencia clara de crecimiento y su consolidación es clave para la evolución económica de Asturias y, particularmente, para el medio rural, que no puede desarrollarse sin un marco legal claro y actualizado, que aporte confianza y seguridad a los actores de la cadena agroalimentaria”. Según la consejera, esta nueva ley “apuesta por la calidad de los productos alimentarios y, particularmente, por la calidad diferenciada además de regular los procesos productivos, teniendo en cuenta las nuevas demandas sociales relacionadas con la agroalimentación, a la vez que adapta la singularidad del territorio asturiano en el marco normativo tanto comunitario como nacional”.
La Ley de Calidad Alimentaria tiene entre otros objetivos el de fortalecer las producciones asturianas para que puedan ser identificadas y reconocidas por los consumidores tanto a nivel global como local, consolida los sellos y marcas de garantía, define la artesanía alimentaria, asegura el control y da seguridad a los operadores. También regula la venta directa en Asturias, consolida la presencia de las figuras de calidad diferenciada, intensifica el apoyo a la producción ecológica, avanza en la gestión de las marcas de garantía, tanto públicas como privadas, e incorpora novedosos instrumentos de protección a la producción local como es la artesanía alimentaria, incluyendo la artesanía de montaña.
La consejera de Desarrollo Rural valoró que “la ley impulsa la producción local, apostando por la calidad de los productos alimentarios, contribuyendo a fomentar prácticas equitativas en su comercio, y también por los productos con calidad diferenciada, regulando su titularidad, uso y gestión”.
La ley ha sido apoyada tanto por los agentes implicados como por los grupos parlamentarios por unanimidad, ya que ayuda a canalizar la iniciativa de los productores, regula los canales cortos de comercialización y consagra el principio de responsabilidad individual de los operadores.
María Jesús Álvarez confía en que esta ley “sentará las bases para el fortalecimiento del sector, favoreciendo su crecimiento ordenado y aumentará la confianza entre los distintos operadores de la cadena alimentaria sobre la base de la transparencia, la trazabilidad y la incorporación”.
