La Plataforma Loporzano SIN Ganadería Intensiva (PLSGI) es un movimiento vecinal altoaragonés que defiende el medioambiente, la salud pública, el mundo rural y el bienestar de las personas y los animales ante los supuestos peligros de la ganadería industrial. Se formó a principios de 2016, debido a la alarma social y el rechazo que generaron dos proyectos de porcino intensivo entre los/as vecinos/as del municipio de Loporzano (Huesca), que aglutina 15 núcleos de escasa población en un amplio término municipal parte del cual se halla dentro del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara. Cuando se cumplen tres años desde su nacimiento, PLSGI ha presentado alegaciones a diferentes proyectos de órdenes publicadas por el Gobierno de Aragón.
En concreto, PLSGI ha alegado contra la orden sobre carga ganadera por considerar que deja fuera de la declaración de municipios con sobrecarga a muchos que se encuentran en zonas vulnerables. «Esta falta de regulación y prevención permite seguir instalando explotaciones y vertiendo purines en exceso; sin tener en cuenta los tipos de cultivo, de suelos, la escasez de recursos hídricos, la falta de agua potable ni los acuíferos contaminados. No es de extrañar que cada nueva actualización de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos ponga de manifiesto su aumento y el hecho de que en ningún caso se ha conseguido subsanar el problema», declaró su portavoz, Álvaro Monzón.
PLSGI también ha presentado alegaciones a la orden que regula las distancias en los municipios de montaña desfavorecidos, porque consideran que se produce una «discriminación negativa» hacia las personas que viven en los núcleos más despoblados acortando la distancia a la que puede instalarse una explotación industrial según el número de habitantes. Además, consideran que de este modo «se deja en manos de los alcaldes y alcaldesas reducir a la mitad dichas distancias, lo que les hace vulnerables a las presiones de las grandes empresas».
En cuanto a la orden sobre subvenciones, la PLSGI denuncia que la externalización de costes del sector porcino se sigue asumiendo con dinero público y, tras las grandes inversiones realizadas en las fallidas plantas para tratamiento de los purines que permanecen cerradas, ahora se pretende subvencionar la instalación de plantas intermedias. «Todo ello sin que se haya publicado el Decreto de Purines, a pesar del retraso acumulado, al que la PLSGI alegó que carecía de mecanismos de regulación, inspección, control y sanción», subrayan.
FUENTE- AraInfo
