El auge de las explotaciones de porcino en Aragón (la producción rondará los 16,2 millones de animales en 2020) y su alto impacto en el medio, especialmente ligado a graves problemas asociados los residuos que generan (purines, olores, compuestos gaseosos que se liberan a la atmósfera como el amoníaco y los bioaerosoles, así como los derivados de la escorrentía de las aguas residuales con elevados niveles de antibióticos), ha provocado que cada vez más municipios se protejan contra las macrogranjas.
Hace apenas dos días, el Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás decidió prohibir la apertura de nuevas explotaciones ganaderas intensivas de porcino y avícolas para proteger su patrimonio histórico y natural, porque, según declaraciones de su alcalde, tienen un «alto impacto ambiental», una repercusión «mínima» en la creación de empleo local y la «mayor parte» de la riqueza que generan se va fuera de este pequeño municipio.
A esta decisión se ha sumado el Ayuntamiento de Aínsa, que ha aprobado una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para prohibir las explotaciones de gran capacidad con objeto de salvaguardar su ganadería tradicional y proteger el turismo. La nueva redacción obliga a los promotores a acreditar que el suministro de agua se obtiene «sin afectar o poner en riesgo el déficit de recursos hídricos del municipio». También se introducen variaciones respecto a las distancias, fosas de almacenamiento de purines o eliminación de estiércol o de cadáveres. Por último, quedan prohibidas las instalaciones con una capacidad productiva superior a 480 Unidades de Ganado Mayor, es decir, 4.000 cerdos.
Las modificaciones en la normativa municipal son acordes con los cambios que quiere introducir el Gobierno de Aragón. Ya ha salido a información pública el nuevo marco normativo que plantea la consejería de Desarrollo Rural para hacer compatibles los intereses de los productores con los de otros sectores económicos y la población en general, que incluye no permitir más explotaciones en localidades con una importante carga ganadera y establecer una distancia mínima a los espacios naturales protegidos.
Al mismo tiempo, han surgido en la provincia de Huesca varias plataformas ciudadanas que piden frenar la proliferación de granjas, como la Plataforma Loporzano SIN Ganadería Intensiva (PLSGI), un movimiento vecinal altoaragonés que defiende el medioambiente, la salud pública, el mundo rural y el bienestar de las personas y los animales ante los supuestos peligros de la ganadería industrial; y que se formó a principios de 2016 debido a la alarma social y el rechazo que generaron dos proyectos de porcino intensivo entre los vecinos del municipio de Loporzano (Huesca), que aglutina 15 núcleos de escasa población en un amplio término municipal parte del cual se halla dentro del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara.
FUENTE-Heraldo
