La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía (UPA) ha reivindicado, en una comunicación, el valor estratégico del sector lácteo en Andalucía por su gran importancia socioeconómica, volumen de negocio, generación de empleo y renta, efectos sociales, económicos y medioambientales, y niveles de producción; y ha denunciado la drástica reconversión que dicho sector ha sufrido por la desaparición del sistema de cuotas lácteas en la Unión Europea (UE).
Según esta organización profesional, que cuenta con más de 80.000 afiliados en toda España, el principal problema al que se enfrentan los ganaderos es el reducido precio de la leche, en torno a un 12% por debajo de lo que cobran el resto de los productores lácteos de la UE. A este se suma la obligación de tener que introducir en sus explotaciones una serie de medidas que incrementan los costes de producción; en concreto, los nuevos sistemas de alimentación animal que suponen limitaciones en la utilización de medicamentos y antibióticos, las restricciones en el uso de purines para la reducción de emisiones de amoniaco, las reducciones en la utilización de plásticos, y determinadas medidas para garantizar el bienestar de los animales. Aunque también celebra algunas como el inminente etiquetado precisando el origen de la leche y de los productos lácteos y la reducción drástica en la utilización de la leche como producto reclamo por parte de las grandes cadenas de distribución alimentaria.
«Desde nuestra organización, apoyamos buena parte de esas medidas, porque consideramos que son coherentes con el modelo de ganadería que defendemos, pero entendemos que suponen un aumento significativo de los costes de producción y que ese aumento debe verse reflejado en los precios que perciben por su leche. Si queremos calidad en la producción y sostenibilidad en el manejo de las explotaciones y en la gestión del medio ambiente, debemos asumir que esos propósitos tienen un coste y que no pueden ser los ganaderos los únicos que asuman esa carga», ha explicado el secretario general de UPA Andalucía, Miguel Cobos.
La organización profesional recuerda que lleva denunciando desde hace tiempo la efectiva congelación de los precios de la leche en los contratos presentados por la mayoría de las industrias, algo que no refleja las tendencias de los mercados internacionales; y afirma que dichos contratos se han convertido en una especie de «tarifa plana» que ajusta a la baja el precio de la leche y no refleja las alteraciones del mercado ni los incrementos en los costes de producción. Estos contratos «secuestrados» establecen precios prefijados a la baja durante largos periodos, constituyendo una amenaza para la sostenibilidad del sector.
«Siempre hemos considerado que el modelo de explotación agraria familiar es el que mejor garantiza una excelente calidad de los productos agrícolas y ganaderos, junto a una adecuada conservación de los recursos medioambientales evitando, además el despoblamiento del medio rural. Andalucía es una gran potencia agroalimentaria, con una enorme capacidad de exportación y, esa situación, se ha conseguido basándose en una estructura de producción compuesta por muchas pequeñas y medianas explotaciones rurales. En UPA consideramos que la vinculación entre el tamaño de la explotación y la competitividad es una falacia que la realidad desmiente continuamente», ha señalado Cobos.
Las explotaciones familiares, y particularmente las ganaderas, no solo aseguran el empleo en las zonas rurales, también lo hacen en lugares en los que no existe ninguna otra alternativa viable, como es el caso de las zonas de montaña.
UPA afirma que la política agraria de la UE tiende a priorizar criterios y principios de sostenibilidad entendida globalmente y, en ese sentido, el modelo familiar agrario es el que presenta mayores ventajas y fortalezas; por ello, desde la organización defienden que el auténtico modelo de futuro para la ganadería y la agricultura es el basado en las explotaciones familiares agrarias, porque es el que puede garantizar mayores niveles de calidad y de proximidad al consumidor, fijar población en el medio rural, gestionar de forma adecuada el medio ambiente y promover la sostenibilidad.