La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha emplazado al sector de la acuicultura de Andalucía a elaborar, «desde el diálogo y el acuerdo», un nuevo marco estratégico que permita afianzar el desarrollo y el crecimiento de esta actividad, que aglutina a cerca de un centenar de empresas que se dedican a la producción de pescados y mariscos de crianza.
Así lo ha destacado el director general de Pesca y Acuicultura de la Junta, José Manuel Martínez Malia, quien ha presidido la reunión anual del Comité de Acuicultura Marina de Andalucía, celebrada en Sevilla, para analizar la evolución del sector y en la que participaron representantes de las distintas administraciones con competencia en esta actividad, así como de la asociación empresarial del sector.
Según concreta en una nota de prensa la Consejería, el director general ha incidido en la importancia de aprovechar la interlocución permanente y fluida que existe entre la Junta de Andalucía y el sector acuícola de la comunidad para «trazar entre todos, el mejor futuro para esta actividad de la que dependen miles de empleos directos e indirectos».
En este sentido, la propia Asociación de Empresas de Acuicultura Marina de Andalucía (Asema) ha resaltado en la reunión del comité el apoyo de la Consejería, con medidas como la convocatoria extraordinaria de ayudas destinadas a incentivar el esfuerzo inversor del sector, según reseña la Junta.
A este respecto, Martínez Malia ha puesto el acento en la «apuesta real y efectiva» del departamento que dirige la consejera del ramo, Carmen Crespo, por el desarrollo de la acuicultura andaluza. Para ello, cuenta con el marco del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca 2014-2020, dotado con un presupuesto de 38 millones de euros y de los cuales aún dispone de más 20 millones de euros hasta 2023 para apoyar nuevas iniciativas. Además, hay que añadir unas perspectivas favorables respecto a los nuevos fondos europeos para el marco 2021-2027, que pasarán a denominarse Fondo Europeo Marítimo, de la Pesca y de la Acuicultura.
«Las perspectivas para el sector son halagüeñas y desde la Consejería estamos animando a las empresas acuícolas a aprovechar al máximo todas las líneas de apoyo que hemos puesto a su disposición con el objetivo de afianzar el crecimiento de esta actividad que es generadora de empleo y riqueza en muchos municipios de la costa andaluza», ha remarcado el director general.
La Junta emplaza al sector de la acuicultura a elaborar un nuevo marco estratégico que afiance su crecimiento
MÁS DE 7.700 TONELADAS
Los últimos datos consolidados reflejan los buenos resultados que está cosechando esta actividad en la región. Así, en 2018 la acuicultura andaluza comercializó un total de 7.719 toneladas de productos obtenidos en la fase de engorde y que generaron 62,3 millones de euros. A esto hay que añadir casi 67,2 millones de alevines y semillas, obtenidas en las fases de ‘hatchery’ y ‘nursery’, por un valor de 6,7 millones de euros.
Las principales especies producidas para el consumo a lo largo de 2018 han sido las lubinas (3.963 toneladas), seguida del atún rojo (1.178 toneladas), mejillones (968 toneladas), doradas (763 toneladas), lenguados (491 toneladas) y corvinas (19 toneladas).
En lo que respecta a la fase de criadero, sobresalen las producciones de 29 millones de alevines de lubina, 16 millones de doradas y cerca de dos millones de alevines de lenguados. Por último, reseñar que el cultivo de algas está ganando cada vez más relevancia, con una producción de 8,6 toneladas con destino, principalmente, a la industria acuícola.
«PREOCUPACIÓN»
Según reseña la Junta de Andalucía, la Asema aprovechó la reunión anual del comité para mostrar su «preocupación» por las noticias que apuntan a una posible modificación del Reglamento General de Costas por parte del Ministerio para la Transición Ecológica.
Como asegura la Junta, el Ministerio pretende cambiar este reglamento «sin haber consultado previamente a los sectores involucrados y sin haber realizado una evaluación de su impacto socioeconómico», ya que la pretendida modificación podría afectar a las concesiones de dominio marítimo-terrestre en el que se ubican la mayoría.
