El Gobierno aprueba sus medidas urgentes para atajar las protestas del campo: se reduce el número de jornadas necesarias para el acceso al subsidio del desempleo y a la renta agraria.
El Consejo de Ministros ha aprobado en su real decreto ley de medidas urgentes para el campo la reducción del número de jornadas necesarias para el acceso al subsidio del desempleo y a la renta agraria de los trabajadores eventuales agrarios residentes en Andalucía y Extremadura, de 35 a 20 peonadas.
Además, se sancionará con multas millonarias la venta a pérdidas y se prohibirá la promoción en los puntos de venta si incluye reducciones de precio drásticas para los productos del campo.
La decisión de modificación de la ley de la cadena alimentaria trata de atajar las protestas laborales en dos de las regiones que más claramente han manifestado su preocupación por la bajada del precio de los productos agrícolas, Andalucía y Extremadura.
«Esta medida se lleva a cabo tras la constatación de un descenso de la producción del olivar, unido a las dificultades que han supuesto los aranceles impuestos por EEUU a este sector, junto al elemento elemento climatológico como agravante», ha señalado en un comunicado el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
También a propuesta de ese ministerio se ha introducido un mecanismo para la conversión de contratos temporales de trabajadores eventuales agrarios en contratos indefinidos.
Esta decisión trata de «incentivar que el trabajo en el campo sea más estable y, en la medida de lo posible, combatir la eventualidad el carácter temporero del trabajo agrario», tal y como ha anunciado el área del Ejecutivo que lidera Yolanda Díaz.
El mecanismo se apoya en el decreto ley que en marzo del pasado año ya se dedicó a la «protección social» y a la «lucha contra la precariedad laboral», según los términos utilizados por el Gobierno de Pedro Sánchez.
La nueva medida bonificaría a las empresas que conviertan contratos temporales en indefinidos en el caso de los trabajadores agrícolas, una bonificación que sería mayor en el caso de que las empleadas sean mujeres.
Control de precio y salvedad para el súper
Sin embargo, las principales novedades se concentran en el controvertido debate de los precios, bajos en el origen de los productos de agricultores y ganaderos.
Así, el precio de una patata puede aproximarse a los 0,15 euros/kilogramo en origen y derivar en 1,20 euros/kilogramo en destino, lo que arrojaría una diferencia del 700%, según datos correspondientes a diciembre recopilados por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).
Según ha explicado Luis Planas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el precio de venta no podrá ser nunca inferior al coste de producción del producto. «Nunca un bien se podrá vender por debajo de aquello que ha costado producirlo», ha recalcado el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, que ha mantenido 18 reuniones con organizaciones del sector para atender las reclamaciones del campo.
Esta misma tarde, se celebra un encuentro con las tres asociaciones que han sobresalido en las movilizaciones, Asaja, UPA y COAG.
«Existe un claro desequilibrio en la cadena», ha afirmado Planas, que quiere poner fin a la venta a pérdidas. Cada operador deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de producción, mantiene el Ejecutivo.
«Prohibimos la destrucción de valor en cada elemento de la cadena alimentaria», ha señalado Planas, «con una excepción, la venta al consumidor». Es decir, los supermercados quedarán salvaguardados en algunos supuestos, por ejemplo en la venta del producto «perecedero», ya que existe en España un problema de «despilfarro», ha indicado Planas.
El ministro cree factible que la subida de los precios se materialice sin que esa alza acabe repercutida en el consumidor. «Es posible que los precios no se incrementen y que pueda existir una mejor retribución por su trabajo de agricultores y ganaderos».
La reforma normativa obligará a que se refleje en contrato el coste de producción en el que incurran agricultores o ganaderos, para evitar que sus productos se puedan vender luego por debajo de esos gastos. La inexistencia de contratos escritos se considerará una falta grave que además se hará pública.
En el nuevo decreto ley pasan a considerarse graves infecciones anteriormente catalogadas como leves; ése es el caso de la no formalización por escrito de los contratos alimentarios, la no inclusión del precio o la modificación del mismo. Además, la «destrucción de valor en la cadena alimentaria» y las «actividades promocionales que induzcan a error» también se tipificarán como graves.
De llevarse a cabo de manera reiterada, estas prácticas podrían calificarse como graves. Las infracciones leves, según la ley 12/2013 de la cadena alimentaria ahora modificada, implicaban sanciones de hasta 3.000 euros; las graves, hasta 100.000 euros; y las muy graves, hasta el millón de euros.
Protestas y retenciones en la A-4
Los agricultores y ganaderos han vuelto a manifestarse este martes, cortando la A-4 en Jaén y la mayoría de los accesos a Sevilla, recoge Efe, con la intención exigir más apoyo al campo. Las protestas, que comenzaron hace prácticamente un mes, coinciden hoy con las primeras medidas del Gobierno para afrontar este problema y han alcanzado a otros puntos del país, por ejemplo, la ciudad de Santander.
